La transición hacia una movilidad sostenible en México requiere no solo un cambio tecnológico, sino también una cultura social y cultural que permita involucrar a los sectores públicos y privados para el cumplimiento de metas nacionales e internacionales.
Uno de los mayores compromisos a nivel mundial en temas de sustentabilidad es la Agenda 2030. México participó activamente en su definición, liderando el proceso de negociación, y como resultado presentó propuestas para incorporar principios de igualdad, inclusión social y económica señalando la importancia de la sostenibilidad y los derechos humanos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Como consecuencia de lo anterior y como parte de las legislaciones vigentes para empresas productivas dentro del país, la ley contempla distintos incentivos ambientales ligados a la preservación de los bienes medioambientales mexicanos y en beneficio de las actividades económicas.
Un ejemplo es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece el marco general de los incentivos ambientales y los clasifica en: fiscales, financieros y de mercado.
Incentivan el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. Por ejemplo, la depreciación acelerada, que consiste en la posibilidad de que mediante la adquisición de maquinaria amigable con el medio ambiente se tenga el beneficio fiscal que establece la Ley de Impuesto Sobre la Renta:
Artículo 34. Fracción XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente.
Son los créditos, fianzas, seguros de responsabilidad civil, fondos y los fideicomisos, dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Son las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales y de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.
A diferencia de los incentivos fiscales y financieros, estos incentivos persuaden a que se deje de hacer una conducta y ponen en un piso de igualdad a los negocios verdes. Por ejemplo, las NOM (Normas Oficiales Mexicanas) que establecen límites de contaminación en agua obligan a todas las empresas a implementar acciones para no exceder esos límites.
Otra diferencia es que los incentivos ambientales fiscales y de mercado son regulados en legislación federal y local, mientras que los incentivos ambientales financieros son implementados como políticas públicas que dependen de la administración pública.
La implementación de políticas públicas en el país no será sencilla sin un esfuerzo en conjunto con la iniciativa privada, debido a que, en los procesos operativos, en este caso de la industria automotriz, se puede tener un impacto importante para hacerle frente al cambio climático.
De ahí que distintas empresas de esta industria incorporen tecnologías pensando en el beneficio que tendrá con el medio ambiente y con sus costos de producción. Además, a través de acciones y alianzas concretas, podrán transmitir a su público su preocupación por atender la problemática del cambio climático.
Un ejemplo de la sinergia que se busca lograr a nivel federal es lo que ocurre en la Ciudad de México. A través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) se busca la consolidación de alianzas con empresas para avanzar en el tema de procesos de producción cada vez más amigables con el medio ambiente.
Por su parte, la iniciativa privada también se encuentra trabajando en alianzas y proyectos estratégicos para la descarbonización de las cadenas productivas. En su caso, Enlight, empresa mexicana con más de once años de experiencia en tecnología solar, unió esfuerzos con Toroto, empresa que mide y evalúa las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual impulsan una cadena de valor net zero por medio de soluciones integrales y un plan de eficiencia energética que considere fuentes de energía sostenibles con sistemas de almacenamiento energético como principales fuentes de energía.
El primer reto de una transición energética eficiente es descarbonizar al máximo el sector eléctrico, debido a que es la única alternativa que mejora la eficiencia energética.
Lo más favorable para lograrlo de manera inmediata y competitiva es el uso de energías renovables como la energía solar, acompañada de otras soluciones tecnológicas como el almacenamiento de energía o los sistemas de monitoreo para contar con un esquema energético robusto.
Reducir las emisiones de carbono promueve una reputación basada en liderazgo climático, un desarrollo sostenible y la transición hacia una economía circular que se traduce en acciones concretas de planes corporativos y de ESG (del inglés, Environmental, Social and Governance), con lo cual se beneficia la cadena de proveeduría sostenible del país.
Enlight, empresa líder en Latinoamérica en instalación de paneles solares para industrias y sistemas de almacenamiento de energía, desarrolló un estudio de 27 páginas ilustrando de manera holística cómo encontrar la eficiencia energética en el sector automotriz, no solo en sus productos finales, sino también en sus procesos productivos, yendo de la mano con el uso de energías renovables y soluciones de almacenamiento para alcanzar la competitividad y el desarrollo sustentable de la industria en el país.
Lo invitamos a descargar la Guía de Eficiencia Energética para la industria Automotriz