Los criterios ESG han reestructurado la manera en que los inversionistas toman decisiones sobre dónde asignar su capital, adquiriendo una creciente relevancia en las decisiones de inversión de los últimos años.
En esta ocasión, exploraremos cómo estos principios promueven prácticas sostenibles y también generan rentabilidad a largo plazo, beneficiando a las empresas, los inversionistas y la sociedad en general.
Los principios ESG (Environmental, Social & Governance), conocidos como ASG en español, son estándares que evalúan el desempeño de una empresa con tres criterios como base:
Miden el impacto de las empresas en el medio ambiente. Abarcan aspectos como la gestión de residuos, emisiones materiales de gases de efecto invernadero (GEI), conservación de recursos naturales y qué tan sostenibles son las prácticas empresariales a largo plazo.
Observan las relaciones de la empresa con sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad que interactúa con la organización.
Este enfoque incluye aspectos como la diversidad y la igualdad de género, la seguridad y salud laboral, la ética de la cadena de suministro y la implementación de iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC).
Se refiere a la forma en que una empresa se administra, abarcando su estructura de gobierno corporativo, su compromiso con la ética empresarial y su nivel de transparencia financiera y cumplimiento normativo.
En la actualidad, los criterios ESG, o ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), son ampliamente utilizados por inversionistas y otros actores sociales para evaluar de manera integral el desempeño de las empresas, permitiendo identificar riesgos y anticiparse a problemas que podrían comprometer la operación y viabilidad a largo plazo de las organizaciones.
Por ejemplo, las emisiones de carbono por unidad de ingresos sirven para medir el impacto ambiental de una empresa, mientras que los índices de rotación de personal se emplean para analizar sus prácticas laborales.
A su vez, el aspecto financiero también es considerado, y en ocasiones se emplea el acrónimo ESG+F (Environmental, Social, Governance, Finances) para subrayar la relevancia de estos cuatro criterios dentro de las estrategias corporativas.
Aunque el acrónimo ESG fue acuñado en 2004 por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, sus fundamentos se remontan a la década de 1970 con el desarrollo de la Inversión Socialmente Responsable (ISR).
En los años ochenta, cuando los inversionistas comenzaron a reconocer que las empresas mejoraban su rendimiento financiero y gestión de riesgos al centrarse en cuestiones ESG, los gestores de activos desarrollaron estrategias y métricas específicas para evaluar el impacto ambiental y social de sus inversiones.
En los años noventa, este movimiento impulsó la creación de la Global Reporting Initiative (GRI), una organización internacional independiente sin ánimo de lucro que introdujo una metodología estandarizada para la elaboración de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), convirtiéndose en una referencia global para medir la sostenibilidad corporativa.
En la actualidad, más de 10,000 organizaciones en más de 100 países, incluidos gobiernos, grandes corporaciones y pequeñas empresas, utilizan los Estándares GRI para sus informes de sostenibilidad.
En los últimos años, durante la pandemia de COVID-19, quedó demostrado que las empresas con un sólido desempeño en criterios ESG estaban mejor preparadas para afrontar los retos de la crisis; pues gracias a la implementación previa de estrategias de sostenibilidad corporativa, estas organizaciones lograron adaptarse con mayor agilidad.
Así, la crisis sanitaria fue calificada por diversos inversionistas como la primera gran crisis de "sostenibilidad" del siglo XXI, lo que renovó el enfoque en el cambio climático y actuó como un llamado de atención para que los líderes empresariales y responsables de inversión priorizaran enfoques sostenibles en sus decisiones estratégicas.
Un plan ESG es una estrategia integral diseñada para gestionar y optimizar el desempeño de una organización en las áreas Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG).
Este tipo de plan puede incluir acciones orientadas a reducir la huella ambiental de la empresa, iniciativas que fomenten el bienestar social y prácticas de gobierno corporativo enfocadas en garantizar la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones.
Implementar un plan ESG tiene la ventaja que permite a las empresas identificar y gestionar riesgos no financieros, al tiempo que responden a las expectativas de inversores, clientes y otros grupos de interés que priorizan la responsabilidad social corporativa y la capacidad de las organizaciones para adaptarse a cambios regulatorios y de mercado.
En septiembre del 2000, Naciones Unidas celebró la Cumbre del Milenio en Nueva York, donde 189 Estados miembros adoptaron la Declaración del Milenio.
Este documento sentó las bases de una serie de compromisos en áreas como derechos humanos, desarrollo sostenible y gobernanza democrática y dio origen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que establecieron ocho metas internacionales a alcanzar para 2015.
En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reemplazaron a los ODM, ampliando su alcance a 17 objetivos con 169 metas específicas diseñadas para mejorar la calidad de vida y construir un futuro más sostenible como parte de la nueva Agenda 2030.
Los ODS introdujeron indicadores únicos para monitorear el desarrollo y destacaron la importancia de medir y gestionar factores ESG.
Dentro de este marco, los criterios ESG se han presentado como una herramienta globalmente reconocida para las empresas que buscan equilibrar sus objetivos comerciales con las demandas sociales y ambientales, ya que, la Agenda 2030 y los criterios ESG están estrechamente alineados, pues ambos promueven prácticas empresariales responsables que contribuyen al desarrollo sostenible.
En consecuencia, al integrar criterios ESG en sus operaciones y estrategias, las empresas apoyan directamente el cumplimiento de los ODS, ayudando a avanzar hacia los objetivos establecidos en la Agenda 2030.
En los últimos años, el avance en la regulación de sostenibilidad y la adopción de criterios ESG ha tomado fuerza a nivel global.
Tratados internacionales como el Acuerdo de París han impulsado compromisos que se reflejan en las legislaciones nacionales, motivando tanto a gobiernos como a empresas a implementar prácticas más responsables y respetuosas con el medio ambiente.
En paralelo, iniciativas como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas han ganado protagonismo, con cientos de empresas adoptando sus principios de sostenibilidad.
Dentro de este marco, los bonos verdes se destacan como instrumentos financieros clave.
Emitidos por entidades públicas o privadas, tienen el propósito exclusivo de recaudar fondos para financiar o refinanciar proyectos que generen beneficios ambientales positivos.
Al igual que los bonos tradicionales, los bonos verdes ofrecen a los inversores un retorno sobre su inversión en un período definido. Sin embargo, su característica distintiva radica en el compromiso de destinar los recursos obtenidos a iniciativas que fomenten la sostenibilidad ambiental y contribuyan a mitigar el cambio climático.
La emisión de bonos verdes ha crecido significativamente en los últimos años, impulsada por una mayor conciencia sobre los desafíos ambientales y por el reconocimiento sobre que las inversiones sostenibles son financieramente atractivas.
No obstante, este progreso debe ser auténtico para evitar el greenwashing, práctica engañosa que consiste en aparentar responsabilidad ambiental sin acciones concretas que la respalden.
En este sentido, para preservar la credibilidad de los bonos verdes, se han establecido estándares y principios que guían su emisión y gestión.
Entre los más destacados están los Green Bond Principles (GBP) de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), que ofrecen directrices claras sobre el uso de los fondos, la selección y evaluación de proyectos, la gestión de los ingresos y la transparencia informativa.
En sectores industriales de alto consumo energético, la adopción de criterios ESG resulta especialmente importante, tanto en el contexto de los bonos verdes como en el de la inversión socialmente responsable.
Implementar estos criterios permite atraer capital verde, reducir costos mediante un uso más eficiente de los recursos, acceder a nuevos mercados y diferenciar productos o servicios en un entorno competitivo.
Además, las empresas que adoptan principios sostenibles tienden a fortalecer su reputación, generar confianza entre accionistas y clientes y atraer talento comprometido.
El camino hacia un futuro sostenible exige autenticidad y compromiso real. La implementación responsable de criterios ESG, junto con el uso transparente de instrumentos como los bonos verdes, puede marcar la diferencia en la transición hacia un modelo económico más equilibrado y sostenible.
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